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El gobierno investiga a operadores de Zebadúa por la “Estafa Maestra”: MCCI

Operadores de Emilio Zebadúa están en la mira del gobierno federal por el caso de la “Estafa Maestra”, asegura la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso.

Zebadúa, quien fuera consejero del antiguo Instituto Federal Electoral, fue oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, detenida el 13 de agosto.

De acuerdo con una nota publicada en el portal de MCCI, Claudia Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, investigados actualmente por autoridades federales, son pieza clave en los convenios que formaron parte de la estrategia de desvíos señalada por la Auditoría Superior de la Federación.

El grupo, que está vinculado con Zebadúa desde la época en la que Robles fue jefa de Gobierno del Distrito Federal, tiene vínculos con una empresa acusada de falsificar comprobantes, destacó MCCI.

Los tres fueron directores en Sedesol: en la división de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sonia Zaragoza estaba encargada de la administración de bienes materiales; mientras que Claudia Morones y Enrique Prado tenían funciones en la adjudicación de contratos y la licitación y administración de bienes, detalla la nota firmada por Miriam Castillo.

Los documentos muestran que Zebadúa, Prado y Zaragoza firmaron convenios y anexos con la Universidad de Morelos, mismos que la Auditoría Superior de la Federación señaló como parte del mecanismo de desvío de 3 mil millones de pesos.

La nota recuerda además que Morones fue comisaria de la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog, dedicada a elaborar facturas, entregables, contratos e incluso actas constitutivas para las operaciones relacionadas con la Estafa Maestra.

“Claudia Morones fue directora de área en la Sedesol y en la Sedatu. En la investigación de la Fiscalía General se revisan las operaciones de Morones Sánchez y su familia. MCCI constató que se ha detectado una transferencia a su hermano Arturo Morones, de millón y medio de pesos en tres empresas extranjeras. El capital cayó en dos firmas italianas y una más ubicada en Malasia”, detalla la nota.

Factores y Servicios Humanos Lizpog, además, está constituida por dos socias: Lizette Chávez Zaragoza y Lizzette Prado. La primera es hija de Sonia Angélica Zaragoza González, señalada por ser parte, desde Sedesol, del entramado que operó el desvío de La Estafa Maestra con la Universidad de Morelos.

Un documento que firmó Zaragoza derivó en contrataciones por 159 millones de pesos para actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre que nunca se realizaron, explica el reportaje.

En 2015, esta funcionaria –quien trabajó en el GDF de 1997 a 2000– se mudó a Sedatu junto con Zebadúa y se convirtió en directora general de capital humano.

La otra socia, Lizzette Prado Ordoñez, es hermana de Enrique Prado Ordóñez, quien ocupó la Dirección de Adquisiciones y Contratos de Sedesol de 2013 a 2015, y que posteriormente trabajó en Sedatu de 2015 y hasta febrero de 2019.

Prado también firmó en Sedesol el Apéndice 1 y el Anexo Técnico 2 del convenio suscrito con la Universidad de Morelos, en el que la ASF encontró irregularidades por 140 millones de pesos, explica MCCI.

“Pero ese funcionario además estaba encargado de supervisar que se cumplieran con los servicios. Fue incluso quien recibió los reportes y notas informativas de la Universidad que aseguraban que los trabajos se habían hecho completamente.

“De esta forma, la empresa acusada de elaborar la papelería para maquillar los convenios que revisaba la Auditoría Superior de la Federación está ligada con los funcionarios del equipo de Emilio Zebadúa y que hoy están siendo investigados: Sonia Zaragoza, Claudia Morones y Enrique Prado”, subraya la nota.

MCCI documenta además que Prado Ordoñez trabajó en la delegación Iztacalco, al igual que su madre, María Luisa Ordoñez.

“En 2006, cuando ella fue subdirectora de Centros Sociales y Culturales, coincidió con Alexandra Malpica, en ese entonces directora de recursos materiales y después Directora Jurídica de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) del Gobierno del Distrito Federal —entonces gobernado por el PRD—.

“Enrique Prado fue parte del equipo de la dependencia entonces encabezada por Armando Quintero y hasta 2013, cuando pasó a Sedesol, pero no se fue solo: la misma Alexandra Malpica se convirtió en la coordinadora de asesores de Emilio Zebadúa en la Oficialía Mayor”.

El grupo de Prado Ordoñez vinculado a Zebadúa fue de Setravi a Sedesol y después a Sedatu. Alexandra Malpica es la única de estos funcionarios que laboró en el GDF y en Desarrollo Social, pero no llegó hasta la Sedatu, reporta MCCI.

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