Blanca Lobo rechazó la solicitud de amparo de Robles contra el aseguramiento que impuso a sus cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.
La jueza en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, negó este martes la suspensión provisional a Rosario Robles para descongelar sus cuentas.
El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México rechazó la solicitud de amparo de Robles contra el aseguramiento que impuso a sus cuentas bancarias la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
La medida se derivó de la imputación a la ex secretaria de su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público y de causar un daño patrimonial al erario federal por más de 5 mil millones de pesos. La solicitud de amparo fue presentada el pasado 14 de agosto, a fin de apelar la inclusión de Robles en la lista de personas bloqueadas de la UIF.
Será hasta el próximo 2 de septiembre cuando la jueza Blanca Lobo conceda o niegue la suspensión definitiva, una vez recibidos los informes de la UIF sobre el caso. “Se niega la suspensión provisional. Se tiene como pruebas las que refiere. Se tiene como autorizados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones”, dice el acuerdo respestivo.
“En otro orden, se tiene en cuenta de que algunas autoridades responsables señaladas por la parte quejosa en su demanda son particulares, por tanto, se ordena notificar de forma personal a las citadas autoridades, lo anterior para efectos legales”, señala la resolución.
La jueza y “Presunto culpable”
En 2011, la jueza Lobo Domínguez emitió una polémica sentencia al ordenar provisionalmente la suspensión de la difusión, exhibición y comercialización del documental “Presunto culpable”, en virtud de la solicitud formulada por un testigo en el proceso penal seguido en contra del protagonista del filme. El testigo afirmó en su demanda que, si bien sabía que durante el proceso de referencia fue filmado, no tuvo conocimiento ni otorgó autorización alguna para que dicho documental fuera difundido y comercializado, lo cual -argumentó- afectó gravemente su intimidad y su vida privada.
Se acusó entonces a la jueza por coartar la libertad de expresión y se acusó directamente al Poder Judicial Federal de que la resolución implicaba la realización de un acto de censura, con el fin deliberado de ocultar las fallas de un sistema judicial deficiente, que era el tema central del documental.