Desde Tijuana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, sostuvo que Eduardo Medina Mora utilizó su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger a grupos y personas relacionados con el gobierno anterior y eso, dijo, es incompatible en un sistema democrático.
En breves declaraciones a los medios locales después de firmar un convenio con las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción de esta entidad, el funcionario federal reveló, además, que al ministro Medina Mora se le investiga desde hace dos meses por la comisión del presunto delito de lavado de dinero.
Pese a ello, Nieto Castillo dijo que la decisión del exprocurador general de la República y exembajador de renunciar a la Corte “fue una decisión personal”.
Un reportero le preguntó qué no le gustaba de Medina Mora y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP respondió, sin rodeos:
“Evidentemente no me gusta su jurisprudencia, cercenó una buena parte de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mucho menos el por qué de esa jurisprudencia, tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior (de Enrique Peña Nieto).
“Me parece que ésa no es la función de un ministro. Pero no podría decir más cosas”, dijo.
El funcionario federal confirmó también que el expediente de Medina Mora lo entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) y que éste contiene datos sobre dos contratos con empresas que tienen un perfil relacionado con presunto lavado de dinero.
Una de esas compañías tendría como socio al exdirector general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), exsecretario de Seguridad Pública entre 2005 y 2006, y extitular de la PGR durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2009.
Los dos contratos bajo investigación se firmaron durante las administraciones presidenciales de Calderón y Enrique Peña Nieto.
Respecto a las investigaciones de su oficina en Baja California, destacó que se revisan casos de tráfico de migrantes, corrupción y ataque a empresas factureras.
“No puedo dar más datos en virtud del deber del sigilo de las investigaciones, pero es información que en su momento se presentará ante la Fiscalía General de la República”, matizó.
Finalmente destacó que la UIF ha presentado en lo que va del año un récord histórico de 127 denuncias y que se han congelado cinco mil millones de pesos en cuentas y 50 millones de dólares.