El reciente caso de Genaro García Luna, el ex secretario de seguridad pública del presidente Felipe Calderón (2006-2012) detenido en Estados Unidos y acusado por supuestos nexos con el narcotráfico, es la última prueba hasta ahora de que uno de los principales problemas en México es, precisamente, la corrupción que trae consigo el trasiego de drogas.
Y es que la detención de García Luna la semana pasada no sólo fue una de las de más alto perfil en los últimos años, sino que señala directamente las dificultades que tiene México para afrontar a una de sus principales amenazas.
En su momento, el ex secretario era llamado el “súper policía”, debido a que, en su posición en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Fue el encargado de implementar, junto a otros líderes estratégicos, tanto militares como civiles, la estrategia que el presidente Calderón inició a finales de 2006, en los primeros días de su mandato: la llamada “Guerra contra el narcotráfico”.
Calderón, que había conseguido el triunfo en unas elecciones disputadas y polémicas unos meses atrás, decidió militarizar el combate contra los grupos delincuenciales en un plan en el que García Luna era una de las voces principales.
Sin embargo, quien debía ser el principal rival del narcotráfico mexicano ahora se encuentra acusado de haber recibido dinero de ellos, sobre todo del Cártel de Sinaloa, en ese entonces todavía dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, uno de los capos más buscados del mundo.
El sitio web estadounidense The Daily Beast incluso comparó la reciente situación de García Luna con uno de los capos más grandes de aquel país. “Es como si Al Capone sobornara a J. Edgar Hoover (primer director del FBI) para que el Buró no lo molestara”.
Ahora, con un toque de ironía, García Luna será trasladado a una corte federal en Brooklyn, Nueva York, la misma donde El Chapo fue procesado y, después de un juicio donde se dijo que el ex secretario había recibido dinero de su organización, cumple una cadena perpetua.
Mientras tanto, México entró en los últimos lustros en una espiral de violencia cuyas consecuencias se pueden observar aún hoy, a pesar de que desde el inicio de la “Guerra contra el narco” han pasado ya 13 años.
Una de las principales estrategias usadas fue la de comenzar a “descabezar” a los Cárteles que en aquel momento se disputaban las principales zonas del país para producir y traficar narcóticos. Sin embargo, el efecto fue inverso: sin líderes sólidos y claros, los grupos delincuenciales comenzaron a escindirse y a provocar aún más violencia.
Además, algunos de los grupos que surgieron a partir de estas divisiones, en su búsqueda por imponerse sobre los otros, comenzaron a utilizar métodos más sanguinarios y violentos que sus antecesores.
La violencia en México, a partir de 2006, no ha dejado de empeorar y, al contrario, con el paso de los años los récords de homicidios han ido en aumento. Ni Enrique Peña Nieto (2012-2018) ni Andrés Manuel López Oobrador (2018-2024), éste último en su primer año, han podido resolver ni dar vuelta a la situación.
El mandatario tabasqueño de 66 años propuso en su campaña, en un intento por “pacificar al país”, que, a diferencia de los enfrentamientos frontales entre autoridades y narcotraficantes, su administración buscaría más “abrazos, no balazos”. Sin embargo, su propuesta se derrumbó en octubre pasado.
A mediados de ese mes, el gobierno federal capturó y horas después liberó a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo y sucesor de éste en el Cártel de Sinaloa, debido a que la organización criminal sitió la ciudad de Culiacán, su principal enclave, y prometió prenderle fuego a la urbe si “El Chapito” no era liberado.
Sobre Guzmán López pesaba una orden de extradición del gobierno de Estados Unidos, pero el cártel consiguió su cometido: las fuerzas federales dejaron libre al narcotraficante y los sicarios liberaron las entradas y salidas de la ciudad después de un día de terror para los ciudadanos.
Sin embargo, y a pesar de que los cárteles, con unos u otros nombres, se mantienen como una de las principales amenazas del gobierno, la situación de García Luna puso en primer plano otros de los graves problemas que aquejan a México: la corrupción.
“El arresto de García Luna resalta qué tan significativo es el reto que enfrenta López Obrador en desterrar desde la raíz la corrupción entre funcionarios del gobierno”, declaró al Daily Beast la directora de la oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA).
“El solo hecho de que casos como el de Luna sean llevados en Estados Unidos y no en México señala una debilidad significativa en las instituciones de justicia y cómo la influencia política ha manchado las investigaciones durante tanto tiempo”, añadió. Su colega Maureen Meyer coincidió:
Los cárteles son poderosos y peligrosos, y la probabilidad de castigos por cooperar con ellos es todavía muy baja. Eso crea un fuerte incentivo para los funcionarios si quieren tolerar o coludirse con criminales
De acuerdo con la periodista mexicana Anabel Hernández, experta en la confluencia entre narcotráfico y política , hubo casos durante el mandato de García Luna en la SSP en los que el entonces secretario intervino “para tratar de que su gente no vaya a prisión”.
Mientras tanto, de acuerdo con los expertos, quienes sufren los golpes más duros por la violencia y la corrupción son los habitantes del país. En México, por ejemplo, casi 11,500 personas se vieron obligadas a dejar sus viviendas, de acuerdo con las cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
De acuerdo con la Comisión, todos los episodios del llamado desplazamiento interno forzado masivo que ocurrieron en 2018 se registró la presencia o el uso directo de la violencia.
“El crimen organizado es mucho más difícil de combatir que un grupo terrorista insurgente”, explicó Meyer. “Estás peleando con un enemigo cuyo principal modo de operación es corromper y penetrar (en tus aliados). Cualquier estrategia estadounidense que no vea la corrupción de alto nivel está destinada a fallar”, concluyó.
Este martes, una corte federal en Texas determinó que García Luna será trasladado a una prisión de Nueva York. El hombre de 51 años renunció a su derecho a una audiencia de detención y por tal motivo permanecerá bajo custodia hasta su juicio en la costa este del país.
Mientras tanto, en México se espera que, conforme avance el caso, varios de los secretos y la información que posee el ex secretario de seguridad pública, uno de los ejecutores de la estrategia de seguridad de Calderón durante su sexenio, salgan a la luz y señalen con nombre y apellido a otros mandos y políticos importantes.