Con Alfaro, Jalisco es la entidad con el mayor número de desaparecidos


Para ningún jalisciense es una sorpresa que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya colocado a Jalisco como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en todo el país, mediante el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, que presentó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el pasado 6 de enero.

Sólo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, desestimó el informe al señalar que se trata de “información parcial”, y que obedece a un “ataque político” porque el documento estuvo compuesto únicamente por la información que brindaron las fiscalías de 12 estados, debido a que 20 entidades federativas no entregaron información a la Subsecretaría de Derechos Humanos en materia de desaparecidos o lo hicieron de manera parcial.

Incluso le envió un mensaje al titular de esa dependencia, Alejandro Encinas: “tiene mi respeto y mi aprecio personal, pero le mando un mensaje muy sencillo y muy claro, con el tema de los desaparecidos no se juega a la política. Si alguien lo mandó a atacar al gobierno de Jalisco con sus cifras, se está equivocando”.

Proceso reveló que en marzo del 2019 el mandatario jalisciense solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la portación de un arma calibre .380 de uso exclusivo del Ejército porque “las actividades políticas y situación económica que como actividades laborales realizo, a mi juicio me colocan como blanco rentable y vulnerable para ser objeto de algún atentado de secuestro o robo debido a los desplazamientos e inseguridad en las carreteras, ya que tengo la necesidad de circular por las mismas a varias ciudades de la República Mexicana, para realizar mis actividades laborales”.

La misma publicación también dio a conocer que el permiso de portación de arma le fue negado porque el mandatario se negó a entregar un examen toxicológico certificado por un laboratorio en el que pudiera demostrar que no es consumidor de algún estupefaciente.

Y si Alfaro Ramírez se quejó de que al menos 20 fiscalías no entregaron datos, las que proporcionó su gobierno tampoco son confiables.

Eso lo afirmó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C. (Cepad) mediante un comunicado en el que denunció que, aunque la Fiscalía de Jalisco entregó información a la Subsecretaría de Derechos Humanos, existen “serias dudas respecto a las metodologías llevadas a cabo en el registro de las cifras presentadas, particularmente las ofrecidas por las autoridades de Jalisco”.

Al respecto, el Cepad precisa que durante el 2019  realizó diversas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) para conocer a detalle la metodología usada en el registro de datos relacionados con la comisión de delitos, el registro de víctimas de desaparición y el registro de averiguaciones previas y carpetas de investigación, y  la respuesta proporcionada por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas fue que existe un “sistema web de información (…) y no se cuenta con información relativa a manuales, reglamentos, protocolos y/o metodología para la elaboración de estadísticas y resguardo de información, así como la de más información pretendida, ello al no tener obligación legal de generar la misma”.

Esta situación demuestra que en la FEJ no existen procesos de supervisión en la sistematización de datos y actualización de registros de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad, lo que abona a la desconfianza respecto a la fiabilidad de las cifras publicadas tanto en el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) como en el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.

De acuerdo con la información publicada en el informe, Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional. En los últimos trece meses suman dos mil 100 personas en esta entidad, de un total de nueve mil 286 personas que desaparecieron entre los años sesenta y el 31 de diciembre de 2019.

Esto supone que uno de cada 5 desaparecidos en la entidad no regresaron a sus hogares durante las actuales administraciones, tanto estatal como federal.


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