La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas detuvo el pasado 13 de febrero a cinco ex funcionarios acusados de tráfico de influencias, entre los que se encontraba Giovanny Alexander Campos Amaya, el ex subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno chiapaneca.
En conjunto con la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) se realizaron las diligencias por medio de la cual se arrestó también a una mujer acusada por tráfico de influencias e identificada como Lorena “N” de 32 años, a Diego Alberto “N” de 36, a Marcelo “N” de 37 y a Ramiro “N” de 62 años.
De acuerdo con el periódico Reforma, fuentes oficiales confirmaron que el ex subsecretario utilizó su cargo para que otros servidores públicos contrataran a personas que él recomendaba, incluso, se ha hablado de que hubo extorsión a funcionarios. Además se le acusa también por irregularidad en el desempeño de sus funciones.
A los otros servidores públicos se les acusa de comprar insumos y hacer adjudicaciones fuera de la ley.
De acuerdo con el comunicado de la FGE, los detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional. La dependencia también informó que dichas acciones forman parte del cumplimiento del Plan de Desarrollo, en donde se establece que se garantizará una gestión transparente.
El Código Penal chiapaneco establece en el artículo 432 que aquella persona que cometa uso ilícito de atribuciones y facultades se le impondrá una pena de tres a nueve meses de cárcel o de 30 a 100 días de multas.
Además en el 433 se puntualiza que para el tráfico de influencias la ley otorga de tres a ocho años de prisión o una multa de 50 a 300 días.
Lo que costó la corrupción
La corrupción en México cuesta entre el 5% y el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y para hacer frente a esta lacra, el Gobierno y las empresas presentaron este jueves un plan conjunto, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.
Para disminuir tales pérdidas, la funcionaria federal presentó en una rueda de prensa el Padrón de Integridad Empresarial, una plataforma digital impulsada por el Gobierno para integrar a las empresas y reconocer su buen comportamiento, dando ventajas a las más cumplidoras y transparentes a fin de evitar prácticas de corrupción.
“Estamos orgullosos de lanzar este padrón y haber dado pasos firmes en la construcción de una herramienta fundamental que cimentará una nueva ética”, aseguró al presentar este programa, acompañada de miembros de la patronal.
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La corrupción es uno de los males endémicos de México y el foco de atención principal del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entró en funciones el pasado 1 de diciembre de 2018.
Según Sandoval, “las empresas pierden más de mil 600 millones de pesos (unos 81 millones de dólares) en sobornos y dejan de generar medio millón de empleos al año”.
Y agregó que “el 57% de los sobornos en el mundo se dieron para concretar algún contrato con el sector publico”.
Por ello es que el Padrón de Integridad Empresarial permite a las empresas registrarse de forma voluntaria, hecho que garantiza que están cumpliendo con unas correctas prácticas de comportamiento y transparencia.