PRI habría financiado documental de populismo contra AMLO


Este no ha sido el mejor año para el partido político y se le suma un posible fraude más.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría financiado el documental “Populismo en América Latina” que se difundió en el periodo electoral de 2018, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al tricolor, que se ha ubicado como el instituto político con el mayor número de delitos electorales.

La Fiscalía Especializada de los Delitos Electorales (FEDE) informó que en 2019 políticos y militantes priistas encabezan la lista de carpetas de investigación que siguen abiertas, principalmente por el delito electoral de alterar el registro federal de electores, el cual abarca desde robos de identidad, clonación de credenciales para votar, hasta el conocido como turismo electoral.

De acuerdo con El Heraldo de México, La FGR investiga un supuesto pago del PRI para financiar el documental que fue usado en contra de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró pagos con nexos ante la FEDE.

La UIF presentó dos denuncias ante la FGR por financiamiento ilícito en las campañas electorales del PRI, pues de las 292 denuncias que investiga la FEDE, el PRI encabeza el mayor número con 118 (40.41 por ciento); le siguen Morena con 78 (26.71 por ciento); Acción Nacional con 28 (9.51 por ciento); y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 14 (4.79 por ciento).

En el caso de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) suman nueve carpetas de investigación abiertas cada uno, mientras que Nueva Alianza (Pana) y el Partido del Trabajo (PT) acumulan cuatro cada uno, y Encuentro Social (PES) con sólo una.

Los delitos electorales se cometieron en entidades como Puebla, Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, donde se desarrollaron elecciones locales y federales.

Los ilícitos electorales señalan que se altera el Registro Federal de Electores, así como políticos que destinan bienes o servicios a los ciudadanos a cambio de votos, destruir, alterar o robar material electoral en las campañas, así como usurpación de identidad.


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