Por Eduardo Nava Hernández | 22/02/2020 | México
Fuentes: Cambio de Michoacán
La violencia social, incluso más que la economía, ha pasado a ser el mayor problema que enfrenta el gobierno de la autodesignada Cuarta Transformación. Una parte importante de ese fenómeno proviene, desde luego, de las bandas del crimen organizado que disputan territorios y recursos naturales y productivos; pero, como se ha evidenciado en los casos recientes más impactantes en la opinión pública, no se reduce a esa dimensión. Se encara también una oleada delictiva multifactorial y multiforme que abarca o amenaza prácticamente a todos los sectores de la sociedad, pero se ensaña con los grupos más vulnerables: niños, adolescentes, mujeres, ancianos, migrantes.
De ese complejo mosaico de agresiones y conductas antisociales ha derivado, también como un desafío a los poderes públicos, la protesta social que se expresa como un movimiento feminista de nuevo cuño con formas de manifestación radicales que no han excluido, a su vez, formas de violencia contra las personas y las cosas. Busca justificarse en la intención confesa de llamar la atención de la sociedad y de las instituciones sobre la gravedad de los atentados particularmente sobre mujeres y niños y demandar acciones que les pongan fin. Y es cierto que las instancias con responsabilidad en el combate a ese y otros tipos de delitos han reaccionado tarde y de manera insuficiente, y que no se percibe tampoco una reacción social adecuadamente organizada para frenarlos.
El movimiento feminista se expresa en la UNAM denunciando con tomas de una docena de escuelas y facultades el acoso sexual, la intimidación y hasta la brutalidad que ha llevado al asesinato de jóvenes mujeres en los campus, y se desborda en las calles con manifestaciones de furia en las que jóvenes encapuchadas acuden no sólo a pintar edificios y monumentos sino a bombas molotov, petardos, marros y gases que no han dudado en lanzar inclusive contra las mujeres policías que resguardan las movilizaciones.
Mientras tanto, interpelado en sus cotidianas conferencias mañaneras, el presidente López Obrador declara tener la conciencia tranquila por su trabajo diario con su gabinete de seguridad y señala una y otra vez a la violencia feminicida como un remanente de la oficialmente extinta era del neoliberalismo. Cuestionado acerca del brutal asesinato en Ciudad de México de la niña Fátima Cecilia, que ha estremecido a la sociedad nacional, se refirió sobre todo a la pérdida de valores, la descomposición social y familiar y el egoísmo.
¿Tiene razón el presidente en ubicar ahí la raíz del problema? Sí. La ideología llamada neoliberalismo ha dado cauce y se corresponde con la etapa actual del capitalismo, en realidad ultraliberal y depredador de la fuerza de trabajo y la naturaleza. El repliegue del Estado de sus funciones de regulación y protección social, asumidas entre el gobierno estadounidense de Franklin Roosevelt y la crisis de los años ochenta, el combate al sindicalismo y la crisis moral de éste, el debilitamiento de otras formas de organización, defensa y solidaridad de la sociedad civil, la revolución tecnológica usufructuada por el capital para desplazar mano de obra productiva y colocar en la marginalidad y la pobreza a capas crecientes de la población económicamente activa, la reimposición de las selváticas leyes del mercado y la competencia como neodarwinista método de selección y exclusión económica y social, la degradación utilitaria de los seres humanos a elementos monetariamente utilizables o desechables y el decaimiento de las redes de fraternidad y autodefensa, son todos ellos factores que han desembocado en lo que López Obrador llama crisis de valores y de la familia. El liberalismo, que surgió a finales del siglo XVII como una reivindicación del individuo y las libertades frente al poder del Estado absolutista, terminó por ser en las postrimerías del XX y en el XXI la degradación de los individuos concretos no frente al poder político y sus instituciones sino ante el omnipotente proceso de acumulación y la supremacía de la ganancia del capital. No es meramente la pobreza la fuente de la violencia; lo son la insultante desigualdad económica y la oprobiosa concentración de la riqueza.
Pero este conjunto de verdades no basta para explicar el fenómeno de la violencia y su exacerbación, sino lo que el discurso presidencial no dice: que las instituciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno siguen fallando en prevenir las acciones delincuenciales y que la política de abrazos y no balazos y la apuesta por programas asistenciales enfocados a algunos grupos de la sociedad no han sido suficientes para revertir esa descomposición de los tejidos sociales ni para garantizar condiciones de seguridad y justicia a cada uno de los miembros de la comunidad social.
Tampoco es el efecto del “patriarcado” al que genéricamente citan las feministas actuales, el cual existe (imposible no recordar las nítidas páginas de Engels en su Origen de la familia) desde que en la civilización se impuso la propiedad privada y la división sexual del trabajo se trocó en relaciones de opresión, discriminación y explotación sobre las mujeres. Ese tipo de relaciones es, pues, mucho más antiguo que el capitalismo y el neoliberalismo; pero lo cierto es que el desenvolvimiento de la sociedad en sus condiciones actuales de productividad, evolución moral y nociones de equidad permiten pensar en su superación definitiva. Y eso no ocurrirá, como tampoco la emancipación de la naturaleza, mientras prevalezca el capitalismo depredador, llamado también salvaje.
El secuestro, el feminicidio, el infanticidio, la violación, la trata de personas y también el abandono criminal de niños y ancianos no son sino formas concretas de una violencia más generalizada, incluso contra el sector varonil, que aporta el mayor número de muertes, pero en la que reparamos casi sólo cuando se desboca en casos emblemáticos de crueldad e injusticia; es decir, cuando incorporan componentes de misoginia, brutalidad exacerbada o salvajismo utilitario, no necesariamente económico. Sí son efecto de un sistema de relaciones económicas y políticas basado en la desigualdad vertical y transversal extendido en todo el cuerpo social. Y para eliminar ese sistema se requieren políticas públicas múltiples desde las instituciones y también la laboriosa reconstitución de relaciones de comunidad y solidaridad desde las bases de la sociedad.
La respuesta inmediata del movimiento feminista ha sido acudir con sus exigencias de justicia y visibilización de la violencia y de sus amenazas a la cúspide del poder estatal, en el Palacio Nacional, tapizar éste de pintas e incluso intentar prender fuego a sus portones. Sobre esas acciones ahora se quiere encaramar la oposición “moralmente derrotada” y en especial el PAN, esa expresión política quintaesenciada de la praxis machista, el conservadurismo excluyente y el pensamiento opresivo antifemenino del catolicismo tradicional. Todo sea por mermar y demeritar, aunque sea un poco, la imagen y popularidad del presidente. Éste, a su vez, responde erráticamente con descalificaciones que hace extensivas al movimiento todo, en el que no ve más allá de una conspiración “conservadora” contra su investidura, y con un inútil, repetitivo e improvisado Decálogo de buenas intenciones y buenas maneras que, una vez más, busca colocar en la moral social como directrices de comportamiento.
Movimiento feminista y poder Ejecutivo no logran, en cambio, centrarse en lo objetivamente relevante. La violación, el secuestro, el infanticidio y el feminicidio son, casi siempre, delitos del fuero común que los gobiernos estatales y municipales tienen la obligación de combatir y prevenir, y que son las instituciones de esos niveles las que primero hay que hacer funcionar contra esas expresiones de violencia. La delincuencia organizada y la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, el secuestro y la trata sí son competencia de los poderes e instituciones federales. Pero en cualquier caso se necesita la concurrencia y colaboración de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado para combatir las hoy lacerantes conductas antisociales que agravian a la nación entera. Y no es sólo la denuncia airada de grupos sociales o la autojustificación del poder, sino las acciones conjuntas y eficaces de los órganos de prevención del delito y atención a grupos vulnerables, y de procuración y administración de justicia eficientes, lo que podrá poner fin a un ambiente nacional que alcanza niveles de terror y amenaza extensa contra la población civil y, especialmente, hacia sus sectores desvalidos e indefensos.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH