Por Eliana Gilet
El Centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional de México analizó cómo durante los últimos cuarenta años el neoliberalismo ha desmontado al sistema de seguridad social en el país. Sputnik te explica los efectos de esta política y qué significa en tiempos de pandemia.
Aunque históricamente el capital consideraba que el sistema de seguridad social era una inversión estatal clave para asegurar el bienestar de los trabajadores —encargados de generarles ganancias al venderles su tiempo vital— esta consideración sufrió un viraje a finales de la década de 1970, cuando el mundo comenzó a ser políticamente otro.
El avance de la privatización del antiguo sistema público de seguridad social en el continente americano ha causado “trabas para acceder y ejercer” este derecho para miles de personas que viven de su salario.
En México, esto se revela en los mínimos históricos que ha alcanzado el gasto público en el sector salud en los últimos diez años, que para 2020 significó apenas el 2,5% del producto interno bruto del país.
Esta cifra puede comprenderse a cabalidad cuando se la compara con la inversión de otros países populosos del continente americano: Argentina dedica el 6,6% de su PIB a la salud de su población, mientras Brasil dedica el 4% de su producto interno bruto.
El ocaso mexicano
Según el análisis del CAM, la representación del gasto público destinado al sector salud con respecto al producto interno bruto de México “refleja un estancamiento durante la última década al observarse un promedio acumulado de 2,71%, aunque en los últimos tres años, el promedio bajó a 2,5%”.
Esta contracción fue medida por un informe elaborado en octubre de 2019 por el Centro de investigación económica y presupuestaria (CIEP) a cargo de la investigadora Judith Senyacen Méndez, en el cual se explica cómo en la última década “la brecha en el gasto per cápita entre instituciones de salud se redujo, ya que este indicador se contrajo en todas las instituciones de salud como resultado de un presupuesto ineficiente, que no está vinculado al incremento de la población afiliada”, puede leerse en el citado informe.
El sistema de salud en México es, en realidad, una serie de subsistemas más o menos integrados, cada uno de los cuales atiende a un sector específico de población.
Según la investigación de Méndez, cada uno de los siete subsistemas de salud existentes en México tienen diferencias entre sí según la población a la que se dirigen, a quienes brindan paquetes de atención diferentes que, a su vez, tienen “brechas significativas en los recursos disponibles para hacer frente a las necesidades de atención a la población”.
Esta inversión mínima de presupuesto federal en el sistema público de salud, se complementa con un déficit estructural de recursos humanos preparados, que se calcula en una falta de 120.000 médicos, según los promedios sugeridos por la Organización y cooperación para el desarrollo económico (OCDE) y casi 300.000 enfermeras, según la recomendación de la Organización mundial de la salud, que refiere que como mínimo un país requiere de 60 enfermeras cada 100.000 habitantes.
Hoy, México tiene poco más de 286.000 enfermeras, según datos oficiales de la Secretaría de Salud, que da un promedio de entre 18 y 20 enfermeras cada 100.000 habitantes.
Existe una tercera complicación coyuntural vinculada al cambio institucional que se lanzó en enero de 2020, cuando el antiguo Seguro Popular fue eliminado para pasar sus funciones al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al que se le otorgó un presupuesto de 72.000 millones de pesos (3.200 millones de dólares) para ejecutar en su primer año de funciones, una cifra menor a la disponible para el antiguo Seguro.