AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA
Apenas es una muestra. Y sólo en un rubro. Lo que Emilio Lozoya Austin denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de agosto revela, más que un régimen, un Estado organizado para delinquir. Tenía que ser un mismo integrante de la nomenklatura caído en desgracia para aportar detalles de cómo saquean los recursos públicos y se garantizan impunidad.
El caso es importante porque por primera vez en mucho tiempo hay una fisura en el pacto de silencio con el que se han protegido los integrantes de la llamada “clase política”: un bloque transexenal de políticos y empresarios que utilizaron el poder público para saquear el erario y hacer negocios privados en detrimento del interés nacional y de los intereses colectivos.
No es que no se supiera. Pero ahora se puede probar y, con detalles, se está ante la posibilidad de que se juzguen algunos de los delitos en que incurrieron personajes del más alto nivel del sistema político mexicano, prístas y panistas: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Luis Videgaray, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna, Ricardo Anaya, Osiris Hernández, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Caraveo Opengo y Carlos Salinas de Gortari. Y empresarios como Juan Armando Hinojosa Cantú y Alonso Ancira.
Todos ellos, en la denuncia penal, sin máscaras, como delincuentes que saquearon, defraudaron, extorsionaron y sobornaron para beneficiarse con recursos públicos. Y que, coludidos, se protegieron para ocultar sus presuntos delitos. Claro, no aparecen todos los que deberían aparecer.
Es cierto, tal denuncia y tal difusión de esa información sólo fueron posibles con la llegada al poder deAndrés Manuel López Obrador. Si Meade o Anaya hubieran asumido la Presidencia de la República, nada de esto se hubiera revelado. Los negocios de este mismo grupo multipartidista continuarían en Pemex como sin nada.
Pero no nos engañemos. Lo que se reveló es apenas un aspecto del Estado criminal. Hay otros rubros que ni siquiera se tocan actualmente porque la idea es que permanezcan. ¿Acaso se entregaron las concesiones mineras de manera diferente, por ejemplo?
Y más, no se rompe el pacto de silencio ante los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas de la década de 1970 y hasta el presente. Tampoco los que sufrieron, y sufren, periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas.
Falta mucho para que lo de Lozoya no quede en lo anecdótico. Imperante que se desmonte realmente el Estado criminal vigente en México. De lo contrario, todo quedará en un gran teatro con juegos pirotécnicos.
Fragmentos
Javier May golpeó la mesa luego de que Contralínea diera cuenta del naufragio de Sembrando Vida en Sinaloa. Este jueves jaló las riendas del programa en el estado y llamó a cuentas a los involucrados. No es que no supiera. En su despacho dormía un expediente desde hace semanas y había rechazado hablar con este medio de comunicación al respecto. Veremos si hay una investigación seria sobre la deforestación, el clientelismo y el pedido de “moches” a los beneficiarios… Para el Ejército Popular Revolucionario (EPR) el proceso contra Lozoya sólo es parte de las contradicciones superficiales interburguesas, como señala en la más reciente edición de su órgano de difusión El Insurgente. Nada dice sobre las detenciones ordenas por la desaparición de dos de sus integrantes: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Aunque se distribuyó apenas hace unos días, probablemente El Insurgente se editó antes de que se conocieran las detenciones del exprocurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez, del exdirector de la Policía Judicial Daniel Camarena Flores y otros comandantes y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Al momento no hay noticia de que se vaya a actuar contra los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en aquel operativo ni contra quienes ordenaron las desapariciones forzadas. Estaremos pendientes a la posición del EPR al respecto… Esta semana se presentó el Índice Global de Impunidad 2020, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij) de la Universidad de las Américas Puebla, donde el coordinador académico es el especialista en seguridad nacional Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. El documento llega coincidentemente cuando la denuncia de Lozoya pone en entredicho a todo el sistema político mexicano. Precisamente México aparece como uno de los países con mayor impunidad en todo el mundo. Ocupa el lugar 60 de 69 medidos. El documento recomienda a México “Mejorar las capacidades del sistema de justicia, incluyendo procuración e impartición de justicia”. Advierte el estudio que los datos no corresponden aún al gobierno de López Obrador. Veremos si en el próximo se reflejan las medidas, para bien o para mal, de la llamada “4T”… Seis años después de estar injustamente preso, fue liberado Rafael Martínez Cortés. Fue absuelto y declarado inocente, luego de un proceso irregular en el que fue torturado y detenido como chivo expiatorio. Una buena noticia en el mar de casos donde el sistema judicial y penitenciario se ceba contra los pobres y los que no tienen palancas para el trato privilegiado. Falta que liberen a miles de detenidos en condiciones similares. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos documenta los casos de Gilberto Aguirre Bahena, Luis Salvador Escartín González, José César Bravo Mejía y Antonio Barragán Carrasco. Libertad para todos ellos… Arnulfo Cerón era activista defensor de los derechos humanos en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Su trabajo honesto había molestado a integrantes del crimen organizado coludidos con las autoridades locales. Fue víctima de desaparición forzada el 11 de octubre del año pasado, y fue encontrado muerto casi un mes después en una fosa clandestina. Las investigaciones no avanzan. Por ello el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recolectó más de 117 mil firmas pidiendo justicia para Arnulfo. Fuero entregadas al gobernador del estado, Héctor Astudillo, y al subsecretario de Derechos Humanos federal, Alejandro Encinas. Estaremos pendientes de que esas firmas no hayan caído en el vacío.