La SCJN neoliberal rechaza el acuerdo de Confiabilidad y AMLO propone una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
El pasado 3 de febrero de 2021, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó como procedente la controversia interpuesta por COFECE en contra del acuerdo de Confiabilidad de SENER de manera parcial. Con esto la corte invalida un importante Acuerdo de política energética para el sector eléctrico que garantiza el abasto de energía a toda la población y la estabilidad de los precios. La SCJN manifiesta nuevamente estar en contra de los intereses del pueblo de México al garantizar el derecho de las empresas extranjeras por encima de la seguridad nacional y la economía de las familias mexicanas.
Estas empresas no han sido capaces de demostrar que las energías renovables del sol y del viento son más baratas, ni que carezcan de impacto ambiental por lo que el asunto que queda claro es que están protegiendo sus inversiones, ilegitimas de origen, pues se han sustentado en la reforma energética de 2013, que fue tramitada a través de sobornos a diputados y senadores del PRI, PAN y PRD, así como una gran cantidad de altos exfuncionarios del gobierno federal como Osorio Chong (exsecretario de gobernación) y Luis Videgaray (ex secretario de hacienda y de relaciones exteriores). Estas empresas no pagan impuestos en México, pues se amparan en tratados que impiden la doble tributación y las retribuciones o pagos por la renta de la tierra que hacen a las comunidades y ejidatarios donde se han instalado son irrisorias a comparación de las que pagan en sus países de origen. Las energías limpias en manos de empresas como Iberdrola y ENEL, son la forma de colonialismo económico y tecnológico que propone el modelo neoliberal en el siglo XXI.
La 4T responde
El 1° de febrero pasado el presidente de México envió un proyecto de decreto donde se modifica la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), misma que proviene de la reforma energética de 2013 que realizó Enrique Peña Nieto, donde se modifican los artículos 3, fracciones V, XII y XIV; 4, párrafo primero; 53; 101; 108, fracciones V y VI, y 126, fracción II, y se adiciona una fracción XII bis al 3, de la Ley de la Industria Eléctrica.
En dicha propuesta se establece que todas las centrales de CFE, anteriores y posteriores a la reforma energética de Peña Nieto, son centrales legadas, con lo que las centrales limpias de CFE ya no quedarían excluidas de ningún esquema de financiación mediante Certificados de Energía Limpia o cualquier otro contemplado en la Ley. Esto es fundamental porque deja a las centrales de autoabastecimiento fuera de esta definición de centrales legadas, lo que es que han incurrido en fraude a la ley por utilizar esa modalidad no sólo para generar energía para su auto consumo, sino para crear un mercado paralelo causando pérdidas de más de 7,000 millones de pesos a la CFE sólo en 2019. Tales pérdidas constituyen un subsidio (de facto) a estas empresas porque no pagan servicios de porteo y transporte de energía que corresponden, ya que la energía se produce en regiones como el Istmo de Tehuantepec (plantas eólicas), pero se consume en todo el territorio nacional (Caso de Grupo FEMSA y las tiendas Oxxo, CEMEX, Walmart y otras).
La propuesta de reforma, en el artículo 4, fracción VI establece las obligaciones del servicio público y universal de “generación, transmisión, distribución, comercialización y Control operativo del Sistema Eléctrico Nacional…” que consiste en “Ofrecer energía eléctrica , Potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basados en los costos de producción unitarios conforme a las Reglas del mercado, garantizando, en primera instancia, los Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física y, en segundo término, el suministro de energías límpias,…”. Esto significa que las centrales eléctricas que pueden suministrar energía constante serán despachadas primero (aquí incluye a las hidroeléctricas y geotermoeléctricas de CFE y plantas termoeléctricas de CFE y privadas) y segundo las energías limpias (fotovoltaicas y eólicas privadas). Aquí es fundamental entender que no se está dando la espalda a las energías limpias, sino se está ordenando la prioridad del despacho de todas las plantas disponibles para garantizar que el sistema eléctrico pueda entregar energía de calidad a todos los usuarios y operar sin interrupciones ni apagones como el que ocurrió en el centro del país en diciembre pasado.
El Artículo 12, fracción primera de la propuesta fortalece al Estado mexicano estableciendo que la CRE (Comisión Reguladora de Energía) tiene la facultad de “…otorgar los permisos a que se refiere esta Ley, considerando los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría, y resolver sobre su modificación, revocación , cesión, prórroga o terminación;…”. Anteriormente no se tomaba en cuenta ningún criterio de planeación de la Secretaría de Energía ni de ningún órgano de gobierno sino que eran las empresas, a través de la CRE, las que fijaban el rumbo a seguir por el sector eléctrico mexicano con criterios meramente de mercado. Eso tuvo un efecto catastrófico en el SEN (Sistema Eléctrico Nacional), ya que hoy en día existe un exceso de permisos por más de 40,000 MW, que de entrar en operación no tendrían demanda qué satisfacer, además de que no contempló la ampliación de redes de transmisión y distribución que eran necesarias para que estas nuevas plantas pudieran inyectar su energía al SEN y poder venderla. Por tal razón, esos proyectos aprobados por la CRE no son ni técnica, ni económicamente viables.
El motivo de fondo era sustituir a la CFE por empresas privadas, pero en 20 años de privatización de la industria eléctrica mexicana, el sector privado ha demostrado que no es capaz de dirigir una industria estratégica como la eléctrica y sería un error permitirle seguir avanzando, ya que compromete el futuro de los mexicanos.
En el Artículo 53 de la propuesta, se fortalece al Estado mexicano, dejando sólo como una posibilidad el efectuar subastas para sumar nueva capacidad de generación al SEN y no como una obligación como está actualmente en la LIE, lo que permite que el Estado, a través de la Secretaría de Energía y sus organismos conduzca el SEN, en función de los intereses nacionales, restituyendo facultades a éste para interconectar nuevas centrales según las necesidades de consumo de los mexicanos, de forma técnicamente viable y de manera que se garantice la Seguridad de Despacho, la Confiabilidad, Calidad y Continuidad del servicio eléctrico en beneficio de todos, sin ningún tipo de distinción, y garantice la seguridad energética de México.
En los artículos transitorios Tercero y Cuarto se establece que los contratos otorgados bajo la reforma energética del 2013, serán revisados y en su caso revocados, bajo criterios de rentabilidad para el gobierno federal y, en consecuencia, para todos los mexicanos. Esto es el cierre de una acción legislativa que elimina los efectos de la reforma energética de Peña Nieto, pero es insuficiente porque falta la reforma constitucional que garantice que las empresas no se puedan amparar, ni llevar a un juicio por controversia constitucional.
Se acusa al gobierno de AMLO de hacer una reforma que beneficia a la CFE y no a los privados. Y AMLO tiene razón en hacerlo así, ya que el objeto del Estado es el interés general de los mexicanos, no es el interés de las empresas extranjeras. Esto está en la Constitución que está por arriba del T-MEC y cualquier tratado internacional, por lo que las amenazas de los propagandistas pagados por las empresas extranjeras y los grandes bancos de inversión no tienen fundamento.
Es necesario defender la industria eléctrica nacional de intereses extranjeros y es necesario que lo hagamos todos los mexicanos pues AMLO difícilmente podrá solo, ya que tiene a los jueces y magistrados del poder judicial en contra (sobornados por las empresas que demandan al Estado mexicano), además de un sin número de funcionarios dentro del Gobierno que no creen en la 4T y que son abiertamente anti-mexicanos y neoliberales, como fue el caso de Alfonso Romo y como es el caso de Tatiana Clouthier (actual secretaria de economía) que negocia abiertamente la continuidad del outsourcing con los empresarios en contra de la clase trabajadora que se supone debe defender como miembro de este gobierno del pueblo.
Los críticos de esta propuesta no toman en cuenta que Estados Unidos está en uno de sus peores momentos en la historia, dejó de tener el poder hegemónico mundial y es el momento en el que México puede liberarse de los grilletes de la dependencia estratégica que lo atan para realizar un proyecto diferente, obrero, campesino, indígena, soberano. El momento de actuar es hoy, no hay tiempo para vacilar.
La reforma energética del 2013 fue hecha contra la voluntad del pueblo de México, ha tenido un efecto de empobrecimiento de la clase trabajadora y fue hecha sobornando a casi todos los diputados y senadores y altos funcionarios del gobierno federal durante el sexenio de Peña Nieto, por lo que no debemos dudar que esa reforma tiene que ser anulada y el daño sufrido por el pueblo de México debe ser resarcido, y los responsables encarcelados. La propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que propone AMLO es un primer paso, esta debe ser aprobada por el Congreso, pero falta la reforma a la Constitución y una intensa lucha se viene para los que queremos un mundo mejor y un México libre, próspero e incluyente.
¡Renacionalización de la Industria Eléctrica de México!
¡Cárcel a los culpables de la privatización!