El lunes pasado, el Diario Reforma publicó una nota donde se informaba que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda habría iniciado una investigación contra Rosario Robles por la venta de terrenos federales y reservas territoriales en Quintana Roo durante su gestión como secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Ayer, el periodista Carlos Loret de Mola en su columna en El Universal, señala que, en octubre de 2017, cuando Enrique Peña Nieto era presidente se presentó un reportaje que denunciaba cómo los secretarios de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles, habían vendido mil 700 hectáreas de un terreno frente al mar en San Quintín, Baja California a un precio de 73 pesos por hectárea.
De acuerdo con la información, los beneficiarios eran 10 particulares, entre ellos había cinco priistas, destacando Francisco Sesma Vázquez, exdirigente de la Confederación Nacional Campesina.
Loret de Mola recuerda que, tras la exhibición del reportaje, la entonces titular de Sedatu Robles Berlanga reaccionó furiosa y se negó a dar su postura sobre el tema. Mientras que Jorge Carlos Ramírez, quien también estuvo al frente de la dependencia, se limitó a contestar que no era su asunto sino de su sucesora.
El 9 de octubre de 2017, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México y arrancaba el sensible tiempo de campañas, publicamos en la televisión un reportaje que denunciaba cómo la dupla de secretarios de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles, habían vendido mil 700 hectáreas de un terreno frente al mar en San Quintín, Baja California, al fabuloso precio de 73 pesos por hectárea. Leyó usted bien.
Los beneficiarios eran 10 particulares, cinco de ellos militantes del PRI (una proporción sospechosamente alta). El más destacado, el exdiputado y exdirigente de la Confederación Nacional Campesina, Francisco Sesma Vázquez.
Recuerdo que Rosario Robles reaccionó furiosa, pero se negó a dar una entrevista sobre el asunto. Jorge Carlos Ramírez Marín, que ya había dejado el puesto, tampoco quiso hablar a micrófono abierto y se limitó a contestar que no era su asunto sino de su sucesora. En medio de ambos, durante nueve meses estuvo de titular de Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano) el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Ninguno quiso dar la cara. Mandaron a contestar el reportaje a Luis Armando Bastarrachea, director general de la Propiedad Rural en Sedatu bajo los tres secretarios. Él había sido el operador. No tuvo argumentos y optó por decir que daría su postura más detallada hasta que se resolvieran algunos pendientes judiciales del caso.
La denuncia expresaba que se habían confabulado para desconocer la determinación de un ¡tribunal colegiado! y otorgar los terrenos a esos 10 particulares, en contra de un grupo de ambientalistas que había pagado millones a sus dueños originales con tal de que no hicieran un desarrollo inmobiliario y mejor se protegiera el área natural. Todo esto se denunció en un reportaje especial de Claudio Ochoa. Insisto, porque luego se olvida convenientemente: esto lo divulgamos en la televisión en tiempos de Peña Nieto.
Un año después se difundió en la prensa que habían hecho un esquema similar en Quintana Roo. Misma secretaría. Mismos titulares. Mismo Bastarrachea como punta de lanza en la operación. Y ayer se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera del actual Gobierno Federal tiene bajo la lupa este asunto.