El recientemente preso, Genaro García Luna, estuvo involucrado desde los años 80 con los órganos de seguridad nacional, cuerpos policiales y de inteligencia, así como la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo anterior le otorgó la protección de cinco presidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según documentos oficiales, en 2000, cuando Fox tenía apenas un año en el Gobierno, encubrió irregularidades por 162.2 millones de pesos y 17.3 millones de dólares, cometidas en la Policía Federal Preventiva (PFP) entre 1999 y 2000, cuando García Luna era Coordinador de Inteligencia para la Prevención de esa institución.
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En aquél entonces, el comisionado del cuerpo policial era Wilfrido Robledo Madrid, quien fue inhabilitado en 1994 por la Sedocam por sólo cinco años. No obstante, la PGR lo exoneró de cargos penales, evitando que resarciera los daños causados.
En 2001, funcionarios de la Sedocam de las áreas Jurídica, de Responsabilidades y de Auditoría, denunciaron ante la PGR a García Luna y Robledo Martín, pero los señalamientos fueron archivados y los funcionarios que actuaron en su contra fueron presionados y amenazados.
Incluso, el titular de la PGR de aquella época, el Gral. Rafael Macedo de la Concha, presionó a los auditores de la Contraloría para que dejaran las indagatorias por corrupción en contra de ambos funcionarios.
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También les propuso reuniones de conciliación directamente con los García Luna y Roledo, para “limar asperezas” y cerrar los expedientes, ya que en la PGR nunca iban a trascender ni serían turnados a jueces federales, en otro acto de corrupción del gobierno de Fox.
Casi en cuanto la Dirección General Jurídica de la Contraloría presentó las cinco denuncias penales al Ministerio Público Federal, los fiscales citaron de inmediato a los funcionarios de la Sedocam para interrogarlos y presionarlos y, así, desistieran de las acusaciones.
Y no fue todo: desde la PGR pidieron al contralor panista, Francisco Barrio Terrazas, que cerrara las investigaciones contra García Luna y Robledo Madrid, acusando a los auditores de la Contraloría de ser “autoritarios y prepotentes”.
Con lo anterior, García Luna quedó impune en nuestro país.
Daños millonarios
Según la información proporcionada por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secodam, los daños patrimoniales causados al presupuesto de la PFP desde su creación, llegaron a los 162 millones 264 mil 504.5 pesos y 17 millones 30 mil 840.72 dólares.
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El expediente señala que se trata de pagos indebidos, como:
- El arrendamiento de un avión, por 157 millones 60 mil 637.59 peso y 642 mil 609.42 dólares
- La compra indebida de cinco avionetas, por 1 millón 130 mil dólares
- La adquisición indebida de avión y contratación de servicios por 922 mil 760 dólares
- También se encontró la adjudicación directa y fraccionamiento de pedidos y contratos para la compra de bienes y servicios por 5 millones 203 mil 866.99 pesos, hechas durante el ejercicio de 2000, evitando -sin justificación- la licitación pública e incluso superando, en algunos casos, el límite autorizado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
De igual manera se señala al entonces Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por adjudicaciones directas improcedentes a la empresa Matra Nortel Comunications, por 14 millones 335 mil 471.30 dólares.