El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, comparecerá hoy ante el juez David Horan en la Corte Federal de Dallas, Texas, en Estados Umidos, donde se prevé se informe sobre su traslado a la Corte de Nueva York, donde se le acusa de haber recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa.
García Luna, quien es residente permanente en Estados Unidos desde 2012 y vivía en Florida, fue detenido en Dallas el 10 de diciembre, acusado de conspiración para el narcotráfico y hacer declaraciones falsas.
“A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió al cártel de Sinaloa actuar con impunidad en México”, indicó la Fiscalía de Nueva York en su acusación contra el ex funcionario durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
El fiscal Richard Donoghue informó en la acusación al también ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que “a cambio del pago de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo paso seguro para sus cargamentos de droga, información sensible sobre inteligencia e investigaciones al cártel e información de organizaciones rivales, lo que facilitó la importación de toneladas de cocaína y otras drogas”.
Se espera la presencia de una representación del consulado mexicano para conocer detalles de la audiencia programada a las 13:00 horas, en la Corte Federal ubicada en el piso 15 del edificio, en el centro de Dallas.
Un día después de su detención, García Luna fue presentado en audiencia donde no se le solicitó declararse culpable o inocente de las acusaciones hechas por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por tres cargos relacionados con narcotráfico y uno por mentir a una autoridad federal.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) ya investigaba al ex secretario de Seguridad Pública Federal, por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Además, tras su detención en Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 11 cuentas ligadas al ex titular de la AFI.
La FGR informó que pondrá a disposición de Estados Unidos las probanzas que las autoridades norteamericanas soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos que se llevan en esa nación y en México.