García Luna y Palomino se hicieron millonarios con la guerra de Calderón


Desde 2006, cuando el país era gobernado por Felipe Calderón Hinojosa, quien dio inicio a la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, la violencia no ha hecho más que aumentar en niveles cada vez más espeluznantes.

Gracias a esta ola de violencia, hasta el momento se han registrado aproximadamente 268 mil 784 homicidios dolosos, más de 61 mil desaparecidos y, aunque parezca increíble, al sector de la seguridad privada beneficiándose a costa del dolor y el sufrimiento social.

Dicho sector, conformado por más de 8 mil empresas y 600 mil empleos directos, cuenta además con la presencia de varios ex funcionarios que encabezaron la seguridad pública durante las últimas dos décadas.

Ahora, forman parte de un fructífero mercado, pues la demanda de protección y servicios de seguridad es creciente en todo nuestro país.

Por ello, los empresarios no estaría interesados en que el tema de la violencia y la inseguridad se resuelva, ya que “un país seguro no sería negocio para ellos”, dijo a SinEmbargo el experto en seguridad, Ricardo Ravelo.

El especialista puntualizó que no quiere decir que el sector sea el que detone la violencia, sino que la inseguridad le resulta conveniente, pues les da “mayor posibilidad de negocio, de riqueza y de poder”.

De ex funcionarios a empresarios del sector

La presencia de ex funcionarios de seguridad en las empresas de seguridad privada “se ha normalizado” de una manera turbia y confusa, pues constituyen sus empresas por medio de prestanombres y bajo contratos que no revelan información, argumentando “temas de seguridad”.

Ejemplos de ex funcionarios que se encargaron de la seguridad en nuestro país y, luego ofrecieron sus servicios en el sector de la seguridad privada, con consultorías o asesorías, sobran.

Algunos casos son los de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y el asesor Facundo Rosas, quienes según documentos e investigaciones periodísticas, aprovecharon la puerta giratoria para pasar de un puesto público a uno privado en la misma materia.

MÁS NOTICIAS:   Estoy en contra de juzgar a ex presidentes; pero si la gente quiere, lo haría: AMLO

Algunos fueron contratados por empresas del ramo, pero otros se posicionaron como asesores y, algunos más, se encargaron de crear sus propias empresas en ese sector.

Según el especialista consultado por SinEmbargo, la mayoría de los funcionarios públicos encargados de áreas de seguridad se desempeñan también dentro de empresas de seguridad privada.

“Al mismo tiempo que despachan como funcionarios ofrecen servicios de seguridad a través de sus empresas, sacando provecho de las relaciones que logran hacer a nivel político, es decir, hacen una doble función: son funcionarios y al mismo tiempo empresarios”, dijo.

Agregó que el brinco del sector público al privado al terminar su gestión se debe a que hicieron buenas conexiones y relaciones, o bien, porque las empresas son de su propiedad.

Pero eso no es todo, sino que la mayoría constituyen o mantienen a sus empresas con prestanombres para evitar la fiscalización.

Genaro García Luna

El ejemplo más claro es el de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, “que tienen intereses en empresas de seguridad privada y, cuando llegan al poder como titulares de seguridad pública, benefician a sus empresas con contratos, con asesorías a estados, que a través de sus relaciones políticas logran tener una doble función”.

A finales del 2019 el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que Genaro García Luna y sus familiares se beneficiaron con millones de pesos públicos durante los gobiernos de Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En 2011, el funcionario creó una empresa en Panamá y, en 2008, compró un software de espionaje para la Secretaría de Seguridad Pública que siguió utilizando más allá de las instalaciones de la dependencia, es decir, que se usó un bien público para una empresa privada.

Luego, la UIF identificó recursos de la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Gobernación (Segob) por un millón de pesos en 2017 y en 2018 por 2 mil 632.4 millones de pesos y 77.7 millones de pesos en las empresas de García Luna.

MÁS NOTICIAS:   Alejandra Morán se lanza contra el hijo de AMLO llamándolo "chocoflan" (video)

También se detectó que el Gobierno de la Ciudad de México realizó en 2017 una transferencia por 31.1 millones de pesos desde la Secretaría de Finanzas a Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, dirigida por el ex funcionario.

Luis Cárdenas Palomino

Quien fuera Jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal de 2009 a 2013, se habría unido a la empresa Adamantium Private Security Services, filial de Grupo Salinas, especializada en espionaje y seguridad privada, según la revista Proceso.

Esta empresa habría recibido al menos 24 contratos públicos federales, por 510 millones 470 mil pesos, a lo largo del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Contratos otorgados

Según una investigación hecha por SinEmbargo, entre 2010 y 2018 se celebraron un total de 412 contratos, por 2 mil 359 millones 043 mil 414 pesos, con empresas se seguridad privada por los servicios de protección, custodia, vigilancia, seguridad en bienes e instalaciones y vigilancia intramuros.

Entre las principales empresas contratantes destacan:

  • Fondo Nacional de Turismo (Fonatur)
  • Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
  • Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
  • Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)
  • Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi)
  • El año en que más dinero se destinó a esos conceptos fue en 2017, cuando se erogaron mil 239 millones 789 mil 151 pesos.

Like it? Share with your friends!