Luego de cobrar más de 2.7 millones de pesos de salario, los superdelegados del Gobierno federal en Baja California, Baja California Sur, Colima y Tlaxcala se alistan para pelear por Morena las gubernaturas que estarán en juego en 2021.
Indira Vizcaíno Silva de Delegada de los Programas de Desarrollo en Colima, aspirante a la gubernatura de Colima, militante de MORENA desde el 2012 y diputada federal de la LXIV legislatura, 2018-2021, con licencia. En 2015 fue presidenta municipal de Cuauhtémoc.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido a los superdelegados de cada estado de no cometer actos electorales, Vizcaíno Silva junto con otros de sus colegas aspiran a la gubernatura de su entidad.
Incluso el mandatario ha señalado que este tipo de acciones significa un delito y deberá ser juzgado.
Notas periodísticas apuntan los “actos anticipados de campaña” que los superdelegados, entre ellos la colimense de 33 años, usan los programas federales como estandarte y promocionan su posible candidatura.
Hace reuniones con los pobladores, ofrecen apoyos, supervisan obras, toman lugar en temas de seguridad y publican sus actividades.
A meses de la elección por la gubernatura de Colima, la aspirante a la Secretaría General de Morena, Citlalli Hernández respaldó a Vizcaíno Silva.
A pesar de que el presidente ha enfatizado que aquel que realice actos de campaña deberá ser denunciado pues sus conductas competen al terreno de lo penal, la militante de MORENA asegura que la superdelegada colimense como la mejor posicionada para gobernar su estado.
“No pueden hacer campaña y si lo están haciendo y hay pruebas, hay que denunciar y aclarar que ahora ya el fraude electoral es un delito grave”, dijo.
Un súper delegado es la figura encargada de vigilar la operación de los Programas de Bienestar en los 32 estados de la República.
De acuerdo con datos oficiales, el sueldo de cada uno es de 126 mil 617 pesos.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos electorales cualquier servidor público que coaccionen o amenacen a sus subordinados para apoyar o afectar a algún actor electoral, o “que destine bienes o servicios en virtud de su cargo al apoyo o perjuicio de un candidato o partido político”, podrá ser sujeto a una penalización de “200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años.