Alfaro y sus caprichos en plena pandemia; ordenó cambiar el piso de su despacho


El mandatario ordenó sustituir el piso de su despacho que era de linóleo por uno laminado de madera. La remodelación del suelo, en el llamado Salón Ex Congreso, le costó a los jaliscienses 458 mil 409 pesos.

En plena crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pagó decenas de gastos superfluos, revela el periodista Óscar Balderas, en una investigación que publicó en el portal Emeequis.

Por ejemplo, resalta que el 19 de mayo pasado, el mandatario ordenó sustituir el piso de su despacho que era de linóleo por uno laminado de madera. La remodelación del suelo, en el llamado Salón Ex Congreso, ubicado en la planta alta del Palacio de Gobierno, le costó a los jaliscienses 458 mil 409 pesos, que se pagaron a la empresa Estuco S.A. de C.V.

De acuerdo con el periodista, las remodelaciones ya habían sido cuestionadas anteriormente por la regidora de Guadalajara, Claudia Delgadillo, porque los funcionarios usan los salones no para trabajar, sino para realizar sus fiestas privadas.

Tal como ocurrió en noviembre de 2019, cuando otra regidora, Claudia Salazar –de Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador Enrique Alfaro– usó uno de los salones para organizar una boda para su mejor amiga.

No conforme con gastarse el dinero en cosas inútiles, en agosto pasado, la Secretaría de Administración aprobó el remozamiento del edificio de la Comisión de Búsqueda para Personas Desaparecidas, por un monto de 945 mil 680 pesos.

Ese gasto de casi un millón de pesos, precisa el periodista, “contrasta con las urgencias a la que se enfrentan las madres y padres de desaparecidos en Jalisco, quienes han criticado que la Comisión de Búsqueda para Personas primero tuvo un edificio modernizado, antes que la voluntad y los recursos para acompañar a las víctimas”.

Tan sólo en lo que va de la pandemia, la Fiscalía estatal ha localizado 16 nuevas fosas clandestinas en Jalisco con cientos de restos óseos que no pueden identificar. Además, se acumulan más de mil 266 expedientes de personas desaparecidas o no localizadas en el estado. En algunos casos, como el del hondureño Oscar Antonio López Enamorado, las autoridades de Jalisco tardan hasta diez años en iniciar una búsqueda.

Alfaro Ramírez también destinó 3 millones 485 mil pesos por el servicio de mantenimiento en áreas comunes en el penal de Puente Grande, y 394 mil 793 pesos por trabajos de albañilería en el mismo complejo penitenciario, gasto que literalmente se fue al caño porque la falta de coordinación entre el gobierno de Jalisco y el federal impidió advertir a Enrique Alfaro que a finales de septiembre se ordenaría desde la Ciudad de México el cierre del penal de Puente Grande.

“Nos enteramos por los medios (del cierre del penal de Puente Grande). Respetamos la decisión, aunque nos hubiera gustado tener más claro qué es lo que buscan con esta estrategia, qué es lo que piensan hacia adelante con respecto hasta las instalaciones, pero hasta el momento no hay información”, dijo Enrique Alfaro ante los medios horas después del anuncio del gobierno federal.

Otro de los gastos, o mejor dicho, derroches del gobernador, se concentra en las pautas de publicidad que paga a Facebook y Twitter, pues es conocida en Jalisco su ambición de convertirse en aspirante presidencial en el 2024, a pesar de que le prometió a los jaliscienses que al término de su mandato se retiraría de la política.

Con fecha de 20 de abril se acordó un contrato de 5 millones de pesos para que Enrique Alfaro pudiera presumir en Facebook y Twitter los “logros” de su gobierno frente a la pandemia. El ganador de ese contrato de gestoría de Internet y redes sociales para la campaña “Prevención y Acciones de Gobierno Estatal ante la Pandemia Covid-19” fue Indatcom S.A. de C.V., una de las empresas consentidas de Movimiento Ciudadano y que suele ganar jugosos contratos sin licitaciones junto con las empresas Eu Zen y La Covacha Gabinete Audiovisual.

Alfaro volvió a pagar el servicio, a pesar de que en enero de 2020 Indatcom firmó un contrato anual de hasta 16 millones 245 mil pesos para realizar la “estrategia de comunicación digital” del Gobierno de Jalisco.

Y a ello hay que sumarle un tercer contrato millonario firmado a principios de 2020 con la empresa consentida, Eu Zen, por “servicios de comunicación estratégica” –que también incluye redes sociales– por un monto anual de hasta 17 millones 795 mil pesos.

“Es decir, se acordó pagar tres veces por el mismo servicio de gestoría y comunicación de redes sociales para el gobierno de Jalisco: dos veces al principio de año más y una vez más en la crisis sanitaria”, detalla el periodista.

Indatcom S.A. de C.V. es la empresa que en 2016 subió los datos personales de más de 90 millones de mexicanos a un servidor de Amazon Web Services.

El periodista ha revelado que a pesar de la pandemia, el mandatario no ha tenido reparo en dilapidar los recursos para satisfacer sus caprichos. Entre diciembre del 2019 y los primeros meses del año, el Gobierno de Jalisco que él encabeza estrenó 377 automóviles último modelo, que incluían camionetas todo terreno para algunos de sus funcionarios de primer nivel. Se trataba de Jeep Wrangler Unlimited Sport, que cuentan con aire acondicionado con control automático de dos zonas y filtro de aire, audio Premium Alpine con nueve bocinas y amplificador de 12 canales, pantalla táctil de 8.4 pulgadas a color en el tablero, volante forrado en piel, toldo de tres paneles desmontables, así como seis bolsas de seguridad y tracción 4×4.

También el 15 de mayo pasado se decidió una licitación para gastar más de medio millón de pesos –511 mil 560 pesos– en papel higiénico para la Secretaría de Educación estatal. El 27 de mayo se dio luz verde para usar 432 mil 472 pesos en la compra de electrolitos orales para la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El 21 de agosto se aprobó otro vehículo último modelo para el gobierno de Jalisco: ahora una camioneta RAM 1500 SLT con seis bocinas de alta fidelidad, seis bolsas de aire y tapicería de lujo que con cargo al erario costó 619 mil pesos y se entregó al Consejo Estatal de Seguridad Pública.


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