La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto, informó que han identificado tres mil millones de pesos en desvíos de recursos por parte del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) durante la administración de Enrique Peña Nieto, hacia cuentas propias y cuentas de empresas en Estados Unidos.
“Estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción y presentaremos las denuncias a la brevedad”, aseguró el funcionario.
Durante su participación en una conferencia conjunta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el sector empresarial, también destacó que han iniciado investigaciones en contra de clubes deportivos de fútbol y promotores por posibles operaciones con lavado de dinero.
Santiago Nieto mencionó que se ha planteado la posibilidad de que los clubes y promotores deportivos sean considerados dentro de las actividades vulnerables que regula la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como “ley antilavado”.
“Y dentro de la evaluación de riesgos, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, agregó.
Otra de las investigaciones que está llevando a cabo la UIF es en contra de servidores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la administración pasada, encabezada por Enrique Peña Nieto.
“Se han desarrollado Investigaciones relacionados con posibles actos de lavado de dinero y corrupción política vinculada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la anterior administración”, aseguró.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, se reunió con el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para analizar “casos de corrupción”, y aseguró que en el sexenio de Peña Nieto, “no dejaron piedra sin labrar”.
Ahora, Nieto Castillo dijo que coincide con la posición del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués en el sentido de la existencia de “pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero” en el CPTM.
En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen que ordena la disolución y liquidación del CPTM con el propósito de “mantener la austeridad y combatir la corrupción”.
Dolores Padierna Luna, diputada de Morena, dijo en esa ocasión que el CPTM, como empresa de participación estatal mayoritaria recibía la inversión del gobierno federal y las ganancias se las quedaba la iniciativa privada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en anteriores ocasiones que este fondo en realidad se utilizaba para pagar favores a medios de comunicación mexicanos.
“Estaban encariñados con el manejo de alrededor de 6 mil millones de pesos del fondo de turismo, que lo manejaban para pagar publicidad en México y en el extranjero. Pagar publicidad, no para fomentar el turismo, sino publicidad para el Gobierno y para pagar favores a medios de comunicación”, ha señalado el tabasqueño.
De acuerdo con un reportaje publicado por César Huerta en este portal, los contratos más importantes que la televisora recibió del gobierno de Peña Nieto fueron otorgados por el Consejo de Promoción Turística con el objetivo de “promover el turismo en el país” a través de sus canales de televisión.
Por la difusión de espacios publicitarios que supuestamente contribuyeron a mejorar la percepción de los destinos turísticos del país y posicionaron la “marca” y la imagen de México, Televisa consiguió más de mil 422 millones de pesos en seis contratos otorgados por el CPTM durante el sexenio.
Asimismo, Polemón también ha publicado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong por supuesto daño patrimonial por 3 mil millones de pesos.
La elevada cifra presuntamente habría sido utilizada “fuera de presupuesto” para campañas de publicidad de Sedesol, Sedatu, SEP, Consejo de Promoción Turística, Lotería Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
También los tres exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya se encargaron de asignar partidas presupuestales adicionales sin ser autorizadas por el Congreso, por casi 30 mil millones de pesos.
En la investigación se explica que del gasto de 2.7 mil millones de pesos fuera de presupuesto, 1 mil 100 millones corresponden al desaparecido Consejo de Promoción Turístico y, el resto, 1 mil 700 millones, se derivó al Instituto Nacional de Migración, Lotería Nacional, Sedesol, Sedatu, entre otras.